La violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, es un fenómeno que impacta en el desarrollo de cualquier nación, es así que se le ha reconocido a nivel internacional como una grave violación a los derechos humanos y como un problema de salud pública, debido a las consecuencias que genera tanto a nivel individual, como familiar y social.    Por ello, una de las deudas de la actual administración gubernamental, es garantizar a las mujeres el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, atendiendo las problemáticas específicas a las que se enfrentan, como víctimas e imputadas, dentro de un proceso penal. [...]

La reforma en materia penal de 2008 reivindicó, aunque parcial y controladamente, el ejercicio de la acción penal plasmado en el artículo 21 constitucional, segundo párrafo, que reza: “La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial”.  Es así como la acción penal, si bien es una labor que corresponde al Ministerio Público, puede ser ejercida por los particulares que tengan la calidad de víctima u ofendido, en los casos y conforme a lo dispuesto en los artículos 426 al 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). De este modo, la [...]

Si bien el sistema de justicia penal se ha considerado un medio para restringir la libertad y otros derechos del ser humano, en nuestro país, tales restricciones  pueden hacerse sólo en los casos y bajo las condiciones previamente establecidas por lo que dicta el artículo 1° de la Constitución, así como bajo lo estipulado por los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Cabe señalar que, tales condiciones implican el respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos de la persona imputada, la aplicación de determinados principios que deben guiar la investigación, el proceso y la adopción de diferentes medidas [...]

A raíz de la reforma penal publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2008, se modificó el sistema de incorporación, desahogo y valoración de pruebas, en aras de procurar un procedimiento pronto, eficaz y eficiente. De este modo, se consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado, sino que las directrices se enfocarán a observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, impidiendo que el juzgador tenga una libertad absoluta, sino que esté limitada por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas. Es importante señalar [...]

Por antonomasia el instituto de la legítima defensa, es el prototipo de la antijuridicidad negativa, que hace inexistente la ofensa a la norma de cultura que va implícita en la norma penal; y por ende, la del delito previsto en la legislación represiva.    La doctrina ha considerado a la legítima defensa, como causa de exclusión de responsabilidad y/o justificación del delito, protegiendo a las personas de aquellas situaciones cuando se encuentren en una condición de peligro inminente que requiere repeler la misma, de forma proporcional y estrictamente necesaria.    Según el artículo 15 del Código Penal Federal, el concepto de [...]

La Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada el 16 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, reconoce a las personas privadas de la libertad como titulares de derechos, estableciendo un enfoque diferenciado en su tratamiento y creando procedimientos administrativos y judiciales para la exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos, así como el control de la ejecución penal a través de juzgados especializados.    Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México distingue a las personas privadas de la libertad como un grupo de atención prioritaria que tienen derecho a vivir en condiciones de reclusión adecuadas y [...]

Conforme a lo dispuesto en los numerales 186-190 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y según la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y el numeral 17 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, surgen los denominados “Acuerdos Reparatorios”, los cuales hacen referencia al pacto entre el imputado y la víctima u ofendido, en que el primero repara de algún modo que resulte satisfactorio para la segunda las consecuencias dañosas del hecho que se persigue penalmente y que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control [...]

A partir de la reforma constitucional de 2008, que incluyó la modificación de diez artículos, entre ellos el 20, en el inciso C, que hace referencia a las garantías de las víctimas y el ofendido, a través de una mayor participación de ambos durante el proceso penal, se garantizó que en la etapa de juicio se hicieran valer sus derechos y se pudieran impugnar resoluciones. También, señala el acceso de la víctima a una reparación del daño efectiva y a una mayor protección de su persona y bienes frente al acusado. En este orden de ideas, y en aras de fortalecer [...]