Este miércoles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades penitenciarias mexicanas, tomar medidas urgentes a favor de las mujeres en prisión por el delito de interrupción de embarazo.
“La CNDH observó la necesidad de conocer y dar seguimiento a aquellos casos de mujeres privadas de la libertad que enfrentan procesos o sentencias con motivo de la comisión del delito de aborto o de delitos análogos”, señaló el organismo en un pronunciamiento.
Asimismo, afirmó que ha permanecido presente y se ha pronunciado sobre el deber que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, principalmente el derecho a decidir sobre su cuerpo, de sus derechos sexuales y reproductivos, y a que no se les criminalice respecto a su decisión de continuar o no con su embarazo.
Y destacó que las autoridades que no cumplan con estas obligaciones estarían cometiendo violaciones a los derechos humanos, pues atenta contra la autonomía de las mujeres, su libre desarrollo de personalidad y el derecho a vivir una vida libre de violencia.
“No cumplir con tales obligaciones constituye violaciones a sus derechos humanos y trastoca su dignidad, su proyecto de vida, su autonomía, su libre desarrollo de la personalidad al anular su derecho a decidir y a su derecho a vivir una vida libre de violencia”, se lee en el documento difundido en las redes sociales de la Comisión.
Además, solicitó impulsar reformas en las legislaciones locales que consideró “regresivas” las cuales deben hacerse con perspectiva de género que permitan acceder de manera voluntaria, anónima, gratuita, libre y sin restricciones de carácter sanitario y/o a la interrupción del embarazo.
Y recalcó que mientras los Congresos locales no legislen para despenalizar el aborto y regular el derecho a la objeción de conciencia las mujeres de esas entidades “seguirán enfrentando una persecución por esa decisión o, en contrario, las seguirá orillando a practicarse abortos clandestinos con los riesgos que ello implica para su salud y su vida”.
Cabe señalar que, desde que Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), emitió la Acción de Inconstitucionalidad (148/2017), la CNDH solicitó a las autoridades de los sistemas penitenciarios estatales del país, al Instituto Federal de Defensoría Pública, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a la Coordinación de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social información sobre las acciones para atender a las mujeres presas por interrupción del embarazo.
Sin embargo, las respuestas a nivel federal y estatal arrojaron discordancia en la información, pues las instancias aseguran que no existen mujeres privadas de la libertad por el delito de aborto.