Con la finalidad de garantizar el acceso a servicios básicos de reclusión y a una efectiva reinserción social, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un exhorto a los sistemas penitenciarios estatales y federales a realizar actividades sustantivas que den cumplimiento a dicha ejecución. 

En este sentido, es importante recordar que Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), publicada hace 5 años, enfatiza entre sus principios rectores: el derecho fundamental a la reinserción social, razón por la cual, la CNDH solicitó al estado, mediante las Comisiones Intersecretariales correspondientes, cumplir con el propósito de asegurar las necesidades básicas de todos los reclusos a través de la educación, la salud, el trabajo, el deporte y la cultura. 

Es así como la CNDH acentuó la necesidad de que las Comisiones Intersecretariales, tanto federal como estatales, generen programas y políticas que hagan eficaces los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. 

En este orden de ideas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseveró que el funcionamiento de las instancias, hasta el momento, no ha producido un efecto sustancial que se traduzca en una mejor calidad de vida para los reos. 

En tal sentido, entidades como Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas realizan acciones en beneficio de los reclusos, pero en la Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas no han dado reportes sobre actividades sustantivas al respecto.

Asimismo, la CNDH reconoció que en la práctica existe aún mucha ignorancia sobre los recursos jurídicos entre la población penitenciaria. Aunado a esto, se ha observado una gran insuficiencia en la infraestructura de algunos centros penitenciarios que albergan a mujeres y hombres, ya que los mismos se encuentran en condiciones lamentables. 

Cabe mencionar, que a juicio de la CNDH, se debieron ejecutar medidas que favorecieran a las personas detenidas, en medio de la pandemia que actualmente se vive a nivel mundial, a causa del virus SARS-CoV2. 

Ante lo expuesto, la Comisión Nacional hizo un llamado a los sistemas penitenciarios federales y estatales, así como a las autoridades correspondientes para que pongan en práctica jornadas y programas que permitan a las personas en reclusión que tengan acceso a servicios básicos, así como también puedan ejercer su derecho a una defensa adecuada y contar con recursos legales eficientes, partiendo de un enfoque diferencial y con perspectiva de género.