Este lunes el Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York condenó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador esté investigando al juez federal Gómez Fierro quien concedió una suspensión a una multa millonaria que se le había impuesto a la empresa española de energía Iberdrola.
Asimismo, la adición se pronunció a través de un comunicado, puntualizando que “anunciar públicamente investigaciones de jueces que han fallado en contra del gobierno viola principios internacionales porque tal conducta socava directamente el respeto y la independencia del poder judicial e intimida a los jueces involucrados”.
Dichos principios también detallan que los tribunales puedan decidir “los asuntos que se les someten de manera imparcial, sobre la base de hechos y de conformidad con la ley, sin restricciones, influencias indebidas, incentivos, presiones, amenazas o injerencias, directas o indirectas, de cualquier parte o por cualquier motivo”.
El Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York instó al Gobierno de México y a todos sus funcionarios a respetar la independencia judicial de manera consistente con el derecho internacional y los compromisos internacionales de México.
Con este llamado, la asociación neoyorquina pretende que el gobierno mexicano reconozca la importancia que tiene la independencia del poder judicial para que exista el Estado de derecho.
Cabe recordar que fue el pasado 19 de julio, a través de la conferencia matutina que el mandatario nacional indicó que se investiga al juez federal por otorgar un amparo contra la multa por nueve mil 145 millones de pesos, que debía pagar Iberdrola a la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Asimismo, el mandatario señaló -sin presentar ninguna prueba- que actualmente se investiga la posible presentación de documentos falsos que sirvieron para frenar dicha multa.
Y es que en mayo pasado, la CRE había multado a Iberdrola en México por presuntamente incumplir un contrato de autoabastecimiento, al considerar que vendía electricidad a sus socios bajo una figura fuera de la Ley de la Industria Eléctrica, que determina que sólo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede dar suministro en el país.