La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya dejó claro que sancionar el aborto a nivel federal choca con la Constitución, pero decenas de legisladores siguen obstinados en que el derecho de decidir se mida en prisiones.
Para los defensores de la autonomía, el problema es obvio: si el aborto se regula como delito, ningún sistema de salud lo abordará como prestación médica. Esa criminalización inhibe a médicos, estigmatiza a mujeres y perpetúa desigualdades.
En la Ciudad de México se cocinan reformas que, de aprobarse, eliminarían del Código Penal los artículos que tipifican el aborto. Su impulso parte de la convicción de que ya no puede haber sanciones cuando la Corte ha determinado que son ilegales.
La resistencia es inconstitucional
No obstante, algunos estados resisten. En Aguascalientes, el Congreso redujo el plazo legal de 12 a 6 semanas para abortar voluntariamente, revirtiendo avances previos y enfrentando críticas de inconstitucionalidad.
Este mosaico legal deja a mujeres con capacidad de gestar dependiendo del territorio donde vivan: en unos, el aborto es estricto delito; en otros, servicio de salud regulado. Esa indefinición alimenta desigualdades y litigios constantes.
El debate —ahora más urgente que nunca— exige algo concreto: adaptación legislativa. Que nada quede del aborto en el Código Penal y que la regulación quede en normas de salud, bien planteadas y con recursos. Por lo tanto, ya es hora de que México decida si va a castigar el cuerpo o garantizar derechos.