Fuente: EFE

 

Organizaciones civiles mexicanas exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anule la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV), que impulsó el gobierno federal para eliminar la obligación de dar un porcentaje mínimo del presupuesto anual para la atención hacia las víctimas.

 

Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) presentaron un amparo a principios de 2021 contra la reforma, el cual se votará en la SCJN el próximo 9 de agosto.

 

El proyecto, que presentó ante la Suprema Corte el ministro Luis González Alcántara, busca restaurar el porcentaje que había antes de la reforma a la ley.

 

“Hacemos un llamado a los ministros a aprobar el proyecto presentado por el ministro Alcántara para dar un mensaje contundente: ni un paso atrás en los derechos de las víctimas que ellas han conquistado”, remarcó César Contreras, abogado del Prodh.

 

Cabe recordar que el 6 de noviembre de 2020, la administración federal impulsó una serie de reformas que incluyeron la eliminación de la primera fracción del artículo 132 de la Ley General de Víctimas que establecía la asignación obligatoria de un porcentaje mínimo del presupuesto anual para la atención a víctimas y la prohibición de utilizar estos recursos para cualquier otro propósito.

 

Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh, dijo que la justificación presentada para la reforma fue destinar el presupuesto a la crisis derivada de la Covid-19. Sin embargo, esta justificación ya carece de validez, puesto que la situación de emergencia ha sido declarada como concluida.

 

Esta ley consiste en dar a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto (…) así como tener acceso a la justicia en condiciones.

 

Por su parte, María Herrera Magdalena, defensora de los derechos humanos, resaltó que están pidiendo a la Suprema Corte que se mantenga este apoyo “porque es algo mínimo”, por tal motivo instó a la SCJN para que tome una decisión justa y favorable a favor de las víctimas, reconociendo el arduo esfuerzo y la incansable lucha que han sostenido durante años.