Es imposible negar que durante muchos años el sistema penal mexicano careció de elementos sustantivos para generar confianza, credibilidad y transparencia ante la percepción social. Aunado a esto, en la actualidad el índice de sentencias condenatorias es muy bajo en relación al número de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, tanto del fuero común como del fuero federal, debido a una deficiente investigación de los hechos ocurridos en los cuales probablemente se ha cometido un delito.
Bajo este tenor y pese a que la reforma realizada al sistema penal implicó una reestructura de los organismos que procuran e imparten justicia, así como del personal que participa en dicho procedimiento, es imprescindible mejorar la capacitación, equipamiento y tecnología que cada institución requiera para el debido cumplimiento de sus objetivos, pues deben dar una respuesta eficaz a los requerimientos que el nuevo sistema les demanda.
Es así que la evidencia pericial juega un papel esencial, ya que en su acepción más amplia, se refiere a aquella prueba rendida por un perito o persona experta sobre el estudio científico, técnico o artístico que realizó de un objeto, una persona o un hecho, desahogada dentro del proceso en la audiencia de juicio oral.
Cabe resaltar, que toda pericial debe contar con fundamento, bases y procedimientos para su elaboración debidamente actualizados, acordes a los avances históricos, científicos y tecnológicos para evitar errores y cuestionamientos posteriores.
Ahora bien, es necesario referirnos a la figura del perito en el nuevo sistema, quien funge de intermediario entre la prueba y el juez, ya que cumple una función auxiliar de la autoridad ministerial en la investigación de delitos, aplicando el conocimiento sobre su especialidad para ayudar en la reconstrucción de los hechos.
De este modo, el peritaje es el resultado de la labor indagatoria que se presenta a la autoridad en un documento escrito que se agrega al expediente con el fin de que algunos elementos queden documentados para preservar la seguridad jurídica de lo actuado en la instancia específica, además de rendir la información escrita, el perito emitirá su opinión de manera verbal y deberá defender ante los participantes lo expresado contestando las preguntas que se le formulen.
Para la realización de un peritaje se requiere que el perito cumpla con una acreditación, la cual se basa principalmente en la experiencia y experticia del mismo, quien debe utilizar el método más adecuado y actualizado que le permita llegar a conclusiones objetivas como resultado de una investigación científica en el área de su especialidad.
Ahora bien, uno de los principales desafíos que enfrenta México en relación a la prueba pericial es que en gran parte de los estados los peritos no cuentan con las herramientas tecnológicas, ni con la capacitación y especialización en las determinadas ramas de la criminalística. En la mayoría de los casos carecen de medios y recursos materiales para desempeñar adecuadamente su trabajo, incluso en ocasiones, actúan como expertos en varias especialidades periciales, sin que esto pueda ser demostrado y sin que puedan acreditar dicha condición.
Finalmente, siendo los peritos la base científica de la comprobación del delito, es necesario crear condiciones en las que la propia sociedad tenga un respeto por las instituciones periciales y policiales, por ejemplo, facilitar el ingreso a las propiedades al personal de investigación para evitar así distorsionar la escena del crimen.
El objetivo será que los policías y peritos alcancen un prestigio, el cual se logra a través de su profesionalización, para que su labor sea digna de confianza.