La libertad, es decir, el ejercicio del libre albedrío, es lo que fundamenta la responsabilidad de los actos del hombre, porque elige libremente, y es precisamente de esta libertad que surge la imputabilidad.
En este sentido, se abre la discusión sobre la responsabilidad delictiva de los menores de edad y el concepto de imputabilidad, resaltando que el problema es determinar si estos deben ser sujetos de reproche cuando ejecutan una conducta típica y antijurídica y, en consecuencia, cómo deben ser sancionados.
Cabe recordar que 1989, en el marco de la Convención Sobre los Derechos del Niño, se exhortó a proteger a los menores con normas mínimas, de carácter diferenciado a las de los adultos, en donde la Corte Penal Internacional, en su artículo 16, excusa a los menores de 18 años de su competencia, arrojando que algunas de las razones para tener un sistema penal que contemple sanciones diferenciadas para los adolescentes yacen en la protección de los derechos de este grupo.
De acuerdo con el análisis que hace el Banco Mundial, los jóvenes han pasado de ser mayoritariamente víctimas a victimarios, por causas como la disputa entre organizaciones criminales, la pobreza, la falta de acceso a la educación y las pocas oportunidades para integrarse a actividades productivas, atrapándolos en un círculo de violencia.
En México, la Constitución Política exige a los estados establecer un sistema de justicia aplicable a los niños entre los 12 y 18 años, por tal razón, los menores de 12 años sólo pueden estar sujetos a rehabilitación y asistencia social, la formulación precisa de este sistema varía entre los estados.
Por su parte, la Ley General del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, prevé el internamiento para los mayores de 14 y menores de 18 años que hayan incurrido en homicidio, extorsión, violación, narcotráfico, delincuencia organizada, trata de personas y robo con violencia, entre otros ilícitos, mientras se les dicta sentencia.
Sin embargo, las estadísticas son alarmantes, alrededor de 17.000 menores de edad cometen delitos cada año. De estos, unos 4.500 son privados de su libertad por incurrir en ilícitos graves, según el diagnóstico de los adolescentes que cometen delitos graves en México. El 35% de ellos fue acusado por robo con violencia, el 22% por homicidio, el 17% por posesión de armas prohibidas, el 15% por secuestro y otro 10% por delincuencia organizada.
Y es que, resulta lamentable que nuestro país carezca de una política idónea de reinserción social que les permita a los adolescentes reincorporarse de manera sana y productiva a la sociedad.