En la Ciudad de México aumentaron 56 por ciento los adolescentes que cometen delitos, pues en 2020 fueron denunciados mil 388 ilícitos, en los cuales los responsables tenían entre 13 y 17 años, mientras que en 2021 la cifra es de dos mil 166, así lo dió a conocer la Fiscalía General de Justicia local.
Según el informe, el incremento se reportó de la siguiente manera: las denuncias contra menores infractores de 13 años pasaron de 21 casos reportados en 2020 a 45 al año siguiente, lo que significó un crecimiento de 114 por ciento.
Cabe mencionar que la responsabilidad delictiva de los menores de edad se ha centrado principalmente en determinar si estos deben ser sujetos de algún tipo de condena cuando ejecutan una conducta típica y antijurídica y, en consecuencia, cómo deben ser sancionados.
Bajo este escenario, surge la pregunta: ¿los menores de edad tienen la capacidad plena de entender y, por lo tanto, se les puede exigir que comprendan la antijuricidad de sus conductas? Sobre todo si los circunda un estado permanente de violencia.
En México, el sistema de justicia penal para adolescentes busca encontrar las medidas necesarias para garantizar la impartición de justicia y el mantenimiento del Estado de derecho mientras se respeta la integridad de los adolescentes, al aplicar sanciones que no obstaculicen el pleno desarrollo de dicho sector poblacional, mediante la imposición de consecuencias penales modalizadas.
Por su parte, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció en el sistema internacional el goce de derechos humanos sin distinción de raza o color, entre otros factores, pero en específico hacia niños, niñas y adolescentes o sus padres o tutores. La Convención menciona en su artículo 19 que los ratificantes tienen que establecer medidas para proteger a los menores de edad y ellos, al estar en su etapa de desarrollo físico y emocional, deben tener un trato diferenciado.
Y es que, el sistema judicial debe velar por los intereses de todos sus ciudadanos, al mismo tiempo, debe atender con circunstancias especiales, para poder tener un acceso a la justicia equitativo e inclusivo con todos los ciudadanos.
De este modo, las acciones competentes para los menores deberían salvaguardar sus mayores intereses, y estar compuestos por un jurado que les dé un proceso justo y en la medida de sus capacidades, al igual que un proceso con comprensión y estructuración fluida para el entendimiento de los adolescentes en el marco de edad legal.