Informes del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, estipularon que a partir de 2008, la tasa de la población privada de libertad en prisión preventiva se mantuvo más o menos estable hasta el 2014, cuando comenzó a disminuir.
Este cambió coincide con la entrada del nuevo sistema penal, con la cual la tasa de personas en prisión preventiva bajó en 2015, disminuyendo exponencialmente en 2016 y continuó reduciéndose en 2017, 2018 y 2019.
Sin embargo, la tendencia se revirtió en 2020 al haber un aumento de las personas en prisión preventiva -en plena pandemia-, esto, como resultado de la última modificación importante a la regulación constitucional de la prisión preventiva oficiosa implementada en 2019, cuando se extendió el catálogo de delitos que ameritan esta medida cautelar.
Cabe destacar que dicha reforma, según la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se justifica como una forma de combatir “la coyuntura de violencia, impunidad e inseguridad que afecta a las personas en todo el territorio nacional desde hace más de una década, y que ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal”.