Fuente: Reforma
México sigue sin mejorar su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador diariamente asegura en sus discursos que el combate a la corrupción es uno de sus principales objetivos. Y es que nuestro país por tercer año consecutivo obtuvo una calificación de 31 puntos sobre 100 posibles.
Según las cifras publicadas recientemente por el periódico Reforma, el IPC recopila la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados. Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupó la última posición. En el llamado G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y Rusia registraron los últimos lugares.
Cabe recordar que cuando AMLO era candidato, afirmó que el principal problema de México era la corrupción y dijo que una de las principales tareas al llegar al Gobierno Federal sería combatirla. En este sentido, el 31 de agosto de 2019, con sólo 9 meses de haber asumido la Presidencia de la República, el tabasqueño aseguró que la corrupción había sido desterrada del Gobierno.
Sin embargo, para Transparencia Mexicana el estancamiento de México en el IPC se debe, principalmente, a que durante la actual administración no se ha desarrollado un combate efectivo a la corrupción, es decir, no ha habido sanciones en contra de aquellos personajes acusados de haber desviado recursos públicos ni se han desarticulado las redes que se benefician de esta actividad ilegal.
Casos inconclusos que involucran estafas multimillonarias, siguen poniendo en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio y a pesar de que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción siguen sin ser sancionadas.
Finalmente es preciso mencionar que cada vez existen más evidencia pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia podrían estar utilizando estas instituciones con un sesgo político-electoral sin importar las consecuencias que dichas acciones puedan traer a la nación.