Más de la mitad de los centros penitenciarios en México enfrentan deficiencias que comprometen su capacidad para cumplir con el objetivo de reintegrar a los internos a la sociedad.
Según una reciente evaluación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 54% de las cárceles estudiadas no garantizan condiciones adecuadas para la reinserción social, lo que las convierte en espacios propicios para la reproducción de actividades delictivas, denominadas por algunas como “universidades del crimen”.
Y es que, México enfrenta una paradoja inaceptable: disminuyen los centros penitenciarios, pero crece el número de personas privadas de la libertad. El hacinamiento ya no es un problema latente: es una realidad diaria. En espacios pensados para 100 reclusos, sobreviven 200 o 300.
Esta situación se agrava porque una gran parte de la población penitenciaria sigue sin sentencia definitiva. La prisión preventiva, en lugar de ser la excepción, se ha convertido en regla de facto. El derecho a la presunción de inocencia no sólo se vulnera, sino que se pisotea en cada celda abarrotada.
El sistema penal mexicano sigue apostando al encarcelamiento como única respuesta, olvidando que sin debido proceso, toda pena es ilegítima, y que la reinserción social, en condiciones de hacinamiento y violencia, no es más que un discurso vacío.
Este fenómeno tiene un impacto directo en los índices de reincidencia delictiva, lo que perpetúa un círculo vicioso de criminalidad y sobrepoblación en el sistema penitenciario.
Finalmente, la falta de inversión en infraestructura y programas de rehabilitación, así como la corrupción y la impunidad, son factores que agravan esta problemática.