El Congreso de Puebla aprobó reformar la ley para quitar la patria potestad a los feminicidas y suspenderla a aquellas personas que están siendo investigadas por feminicidio. De forma unánime, este jueves fue aprobada la reforma de los códigos Penal y Civil que marca un precedente en el país y abre la puerta a que otros Estados legislen en el mismo sentido. 

 

La reforma ha sido bautizada como “Ley Monzón” en honor a la abogada feminista Cecilia Monzón, asesinada en mayo del año pasado, y cuyo principal sospechoso de su muerte es el padre de su hijo.

 

La reforma a la ley pretende romper los paradigmas y velar en estos casos por el interés superior del menor, incluso por encima de la presunción de inocencia de los supuestos feminicidas. Asimismo, se plantea suspender la patria potestad de los menores cuyo padre esté vinculado a proceso por un feminicidio o intento de feminicidio. De confirmarse dicha sentencia, el hombre perdería de manera definitiva ese derecho. 

 

La diputada Mónica Silva expresó que: “Estas violencias tienen efectos colaterales, sobre todo cuando existen niñas, niños y adolescentes involucrados, que se convierten en víctimas indirectas, cuando esta se ejerce en contra de sus madres”. “Estas reformas son un paso más en la gran deuda en la que nos encontramos porque ningún feminicida, aun cuando no haya concluido el hecho violento y se haya quedado en tentativa no podrá conservar la patria potestad, con lo cual niñas, niños y adolescentes podrán ser libres de ese entorno de violencia”.

 

Por su parte, la familia de Cecilia Monzón ha celebrado la aprobación de la reforma legislativa. “Todas las infancias de México merecen las mismas garantías y que su interés superior prevalezca en casos de feminicidio perpetrado por el padre. Gracias al Congreso de Puebla por asumir el reto”, ha escrito en Twitter la hermana de la abogada, Helena Monzón.

 

Aprueban también la “ley de violencia ácida”

El Congreso también aprobó por unanimidad tipificar los ataques con ácido como tentativa de feminicidio en el Estado. El dictamen agrega a la Ley para el Acceso de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia el término de “violencia ácida” como aquel acto que inflige daño no accidental, utilizando ácido o cualquier sustancia corrosiva que pueda provocar, lesiones internas, externas o ambas. La reforma también modifica el Código Penal estatal que establece que estas lesiones serán sancionadas con penas que van de los 20 a los 40 años de prisión.