Actualmente la realidad digital permite que a través de algoritmos y programaciones, se creen apps que posibilitan que los abogados adquieran datos imprescindibles en la investigación para la defensa, y sin duda el perfeccionamiento de estas herramientas puede conllevar a un camino más seguro que el que se muestra hoy en día, permitiendo así agilizar los procedimientos legales.

El desafío a superar es, si la impartición de justicia mediante la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) pueda igualar o superar la actividad realizada por el ser humano al momento de decidir sobre la forma y fondo en la resolución de conflictos o en la imposición de penas y medidas cautelares ante hechos tipificados en el Código Penal. 

Es importante resaltar que la labor del juez se basa en dos actividades primordiales: la fijación fáctica y la aplicación normativa sobre los datos fijados, siendo esta última una problemática para un sistema de inteligencia artificial avanzado. 

De este modo el proceso penal, exige la calificación jurídica de los hechos tipificados de las circunstancias concurrentes, así como de la atribución subjetiva de esos hechos. Y una vez esto determinado, deberá cuantificarse y aplicar las penas que puedan estar previstas para dichos hechos y circunstancias. 

Lo anterior, conlleva a que una aplicación de IA pueda realizar actividades técnicas similares a las de un ser humano, cuyas decisiones están basadas en apreciaciones aproximativas o en un conocimiento intuitivo de escasa confiabilidad. Y es que en la actualidad la IA se dirige en dos direcciones principales: como ayuda para la investigación penal y al ámbito de las medidas cautelares. 

Es así, que llegamos a los métodos o sistemas preventivos del delito o de evaluación de riesgos, cuyas predicciones han tenido el 98% de efectividad para pronosticar bajo riesgo y el 88% de efectividad con alto riesgo de reincidencia. Si bien, sus predicciones no son vinculantes, sirven como ayuda para la toma de decisiones judiciales. 

Ciertamente, el sistema IA nunca llegará a ser perfecto, sin embargo, su potencial, requiere ser valorado con criterios y exigencias equivalentes a las que se les solicitan al ser humano. Contrario a esto, en la valoración de la prueba, la IA puede jugar un papel superior, ya que prioriza los aspectos relevantes que permiten ponderar la fiabilidad de una prueba sobre otra, sin evadir los elementos necesarios. 

Como podemos observar, la ausencia del factor humano puede ser la mayor fortaleza de la IA aplicada al derecho penal, al tiempo que se convierte en su mayor debilidad, pues si bien es cierto que a través de ella se gana certidumbre, también se pierde la posibilidad de crear precedentes paradigmáticos. 

Finalmente, es necesario establecer los marcos regulatorios que garanticen un nivel adecuado de fiabilidad, así como el respeto a los valores y derechos humanos, por lo que profesionistas del derecho y de la programación deberán trabajar arduamente para minimizar las posibles omisiones, errores o sesgos en la aplicación de la IA en el proceso penal.