Fuente: Animal Político
El Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, elaborado por la organización World Justice Project (WJP), presentado este miércoles reveló que en México existe un “continuo estancamiento” en el progreso del país hacia un Estado de derecho robusto, en el que la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa han sido los contrapesos al poder público que han tenido mayores retrocesos.
Según el documento, por tercera ocasión consecutiva se registra una contracción del llamado “espacio cívico”, donde la efectividad de estos contrapesos frente a los gobiernos estatales tuvo un puntaje menor en 20 estados del país en comparación con lo registrado hace tres ediciones.
Es importante señalar que el indicador mide si periodistas, sociedad civil, integrantes de partidos políticos, activistas y personas en general pueden reportar y comentar libremente acerca de las políticas gubernamentales sin temor a represalias. Asimismo, mide si las personas pueden manifestarse libremente y protestar pacíficamente cuando están en desacuerdo con las acciones del gobierno, además de presentar peticiones al mismo.
En este sentido, los estados peor evaluados fueron Veracruz, Baja California, Puebla y Michoacán, mismos que han mantenido un estancamiento o un decrecimiento sostenido en este aspecto en los últimos años, sobre todo en lo referente a partidos y prensa.
Quintana Roo, CDMX y Guerrero, con los peores resultados
De manera general, los resultados del Índice de Estado de Derecho 2022-2023 han evidenciado un “continuo estancamiento” en el progreso del país, lo que se traduce en “cambios marginales” en los puntajes de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición del documento.
Sin embargo, especifica que los estados con los puntajes más bajos respecto de su avance hacia el fortalecimiento del Estado de derecho fueron Quintana Roo, Ciudad de México y Guerrero, que obtuvieron una calificación de 0.36 puntos, en una escala del 0 al 1 donde 1 significa la máxima adhesión al Estado de derecho.
Los datos del índice se desagregan en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Estos, a su vez, se desagregan en 42 subfactores.