Fuente: Infobae

 

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU), elementos de seguridad de México habrían cometido durante el 2022 homicidios extrajudiciales, desaparición forzada y arrestos arbitrarios.

 

El reporte 2022 de Country Reports on Human Rights Practices menciona que en México, no sólo miembros del Ejército Mexicano, también policías municipales y oficiales gubernamentales han sido señalados por atentar contra los Derechos Humanos (DDHH) a través de diversos abusos en los procesos de impartición de justicia. Mismos que, destacó, han contribuido a la impunidad y las bajas tasas de enjuiciamientos a los presuntos responsables.

 

Tras repasar la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la introducción del documento indica que: “Aunque las autoridades en general mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que los elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente del control civil”.

 

De ese modo, el Departamento de Estado dio a conocer que los “informes fidedignos” en cuestión de violación de DDHH incluyeron homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales, tales como el asesinato de un estudiante de la Universidad de Guanajuato o el de la niña Heidi Mariana Pérez por una bala perdida tras un tiroteo iniciado por elementos de la Defensa Nacional (Sedena) — dependencia que, recordó, habría persuadido económicamente a la familia para retirar los cargos.

 

Asimismo, el reporte hace referencia a las desapariciones forzadas en las que se acusa una presunta colusión entre grupos delincuenciales con autoridades y cuyas investigaciones, enjuiciamientos y condenas “fueron raras”. En ese sentido, señaló vacíos informativos en las bases de datos federales y estatales, así como fragmentación en los sistemas forenses: “El volumen de casos sin resolver era mucho mayor que los sistemas forenses eran capaces de manejar”.

 

Este punto se relaciona con los informes recibidos por presunta complicidad entre agentes del gobierno con bandas criminales, cuyos crímenes quedaron en gran parte sin investigar o perseguir.

 

Asimismo, el Departamento abundó en las detenciones arbitrarias, específicamente, para los procedimientos de arresto y tratamiento, así como la prisión preventiva: “Las autoridades no siempre liberaron rápidamente a las personas detenidas ilegalmente”, externó respecto a esta última.

 

Las agresiones a la prensa también se intensificaron con la entrada de la polémica sección del Quién es quién de las mentiras y que ha fungido como un espacio que propicia estigmas y descalificaciones hacia los medios o las personalidades críticas del Gobierno, pese al discurso de AMLO que la defiende como “la sección” para combatir la desinformación.

 

Finalmente, el informe mostró preocupación por los altos índices de impunidad en crímenes relacionados a la violencia de género y señaló que datos del 2019 señalan que sólo 2% de las víctimas han recibido apoyo. En cuanto a la violencia doméstica, sólo se persiguió a los responsables en el 5% de los casos y 1% han terminado con sentencias condenatorias.