Actualmente México enfrenta una crisis en su Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial que impacta directamente en los derechos humanos, ya que el Estado mexicano acentúa la sanción por encima de nociones fundamentales de justicia y debido proceso, esto sumado a la ausencia de mecanismos efectivos para investigar, lamentablemente se traduce en un sinfín de obstáculos para que dicho sistema pueda consolidarse.
Pese a que México dejó atrás un sistema de justicia inquisitivo mixto en 2014, para adentrarse a uno de corte acusatorio adversarial, la respuesta por parte del Gobierno a las problemáticas existentes ha sido la puesta en marcha de políticas que tengan como objeto la militarización de la seguridad pública, el engrosamiento del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y el cierre de centros penitenciarios, lo que genera una sobrepoblación y hacinamiento en el sistema penitenciario.
Asimismo existe una cifra negra de la que pocos hablan, y es la que hace referencia a los actos delictivos no reportados ante el Ministerio Público o que no fueron investigados en una carpeta de investigación, la cual deja en descubierto la falta de legitimidad que tienen las instituciones del sistema de procuración e impartición de justicia.
Esta crisis de impunidad nos demuestra la corrupción que aún impera en nuestra nación, a pesar de los constantes discursos mañaneros presidenciales que intentan reflejar una especie de realidad paralela, en la cual, en México vivimos como -Alicia en el país de las maravillas-.
Pero, según datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 39% de las personas asocian la corrupción con la falta de castigo por actos de corrupción cometidos por servidores públicos. Los datos en el terreno de la corrupción son muy similares a los de la impunidad institucional: de cada 100 actos de corrupción, 29 se denuncian y sólo 8 tienen consecuencias legales. Es decir, la impunidad en actos de corrupción es del 92 %.
Aunado a lo anterior, el contexto de impunidad y la falta de cumplimiento de los deberes estatales en materia de acceso a la justicia generan que los gobiernos realicen acciones sustentadas en una política criminal violatoria de derechos humanos, que promueve la falta de acceso a la justicia por las deficiencias del sistema de justicia penal. En este contexto, se detonan situaciones específicas que producen procesos de criminalización y, a su vez, se convierten en prácticas sistemáticas, como es el caso de la fabricación de culpables.
Y es que el Sistema de Justicia en México enfatiza la sanción por encima de la justicia, los derechos humanos y el debido proceso, lo que genera un grave obstáculo para la consolidación de un sistema de justicia penal acusatorio adversarial.
En 2015 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos advirtió que las problemáticas estructurales para la implementación y consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal estaban asociadas a la falta de recursos públicos, falta de capacitación de las y los operadores de justicia, el funcionamiento mecánico de las instituciones de impartición de justicia, la simultaneidad de los sistemas de justicia -inquisitivo y adversarial-, siendo administrados por las mismas instituciones y en algunos casos por los mismos servidores públicos.
Es preciso señalar antes de finalizar que un sistema de justicia deficiente implica acceso desigual a la justicia, lo cual se traduce en procesos de doble o múltiple victimización, que también significan la imposibilidad de enfrentar la inseguridad pública a través de las instituciones del sistema de justicia.