El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito resolvió que la víctima u ofendido del delito cuenta con interés jurídico suficiente para promover un amparo indirecto cuando la autoridad ministerial omite ejecutar una orden de aprehensión previamente librada contra el imputado. El criterio se desprende de la queja 272/2024, resuelta por unanimidad el 12 de febrero de 2025 y publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 26 de septiembre de 2025. La ponencia estuvo a cargo del secretario de tribunal Óscar Rojas Cota, en funciones de magistrado autorizado por el Consejo de la Judicatura [...]

El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito estableció que el examen de los presupuestos procesales del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, realizado de oficio y previo a convocar a la audiencia respectiva, no genera indefensión a las partes. El criterio, publicado el 19 de septiembre en el Semanario Judicial de la Federación y de aplicación obligatoria desde el 22 de septiembre, aclara que el análisis anticipado de estos requisitos de procedibilidad forma parte de la función jurisdiccional, incluso si no media contradicción en esa etapa inicial. La resolución sostiene que las partes [...]

ANÁLISIS PREVIO DEL JUEZ DE CONTROL, NUEVO CRITERIO JURISPRUDENCIAL El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito estableció un criterio relevante sobre la oportunidad de interposición del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). La tesis, derivada del amparo en revisión 663/2023, señala que, por regla general, la persona juzgadora debe analizar este recurso antes de convocar a las partes a la audiencia correspondiente. La jurisprudencia unánimemente aprobada el 26 de junio de 2025 resalta que el análisis previo es un presupuesto procesal esencial. Esto significa que el Juez de Control debe verificar de [...]

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito estableció que, por regla general, el simple señalamiento realizado por un testigo en la audiencia de juicio oral no es suficiente para sustentar la responsabilidad penal del acusado. La determinación refuerza la necesidad de elementos adicionales que otorguen certeza al reconocimiento de la persona imputada. La verosimilitud de la identificación depende de que el testigo aporte información objetiva y suficiente sobre el señalamiento que realiza. Se deben considerar factores como la dinámica del evento delictivo, la coherencia del relato y la capacidad del testigo para verificar de manera fiable la identidad [...]

REVISIÓN LIMITADA A PRUEBAS DEL JUEZ DE DISTRITO El Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito fijó un criterio relevante en materia de amparo indirecto dentro del sistema penal acusatorio: al resolver un recurso de queja contra la resolución que negó la suspensión provisional, el órgano colegiado está obligado a ponderar las mismas pruebas y elementos de juicio que tomó en cuenta el Juez de Distrito al emitir su determinación inicial. Este criterio, derivado de la Queja 90/2025 y aprobado por unanimidad el 23 de mayo de 2025, fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación [...]

Un año en delitos no graves, hasta cinco en casos graves. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio relevante en materia de justicia penal para adolescentes: los plazos de prescripción de la acción penal no deben calcularse conforme a los códigos penales federal o locales, sino con base en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En la tesis aprobada por la Primera Sala el 5 de marzo de 2025, la Corte precisó que, tratándose de menores de edad en conflicto con la ley penal, la regla general es que la acción [...]

NO TIENE ESE CARÁCTER UN ASESOR JURÍDICO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.   El Tribunal Colegiado de Circuito determina que los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Los actos que emite un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no están dotados de unilateralidad, imperatividad y coercibilidad, que caracterizan a los de autoridad, susceptible de analizarse a través del juicio de control constitucional en la vía indirecta. Del artículo 120 de la Ley General de Víctimas se advierte que [...]

DEBE HACERSE DE MANERA DIRECTA Y CON NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA VÍCTIMA, Y SÓLO EN EL CASO DE QUE ESTO NO SEA POSIBLE, PODRÁ REALIZARSE POR CONDUCTO DE SU ASESORA JURÍDICA.   La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, conforme a los derechos de la víctima del delito, reconocidos y protegidos en los artículos 17 y 20, apartado C, de la Constitución, así como de la interpretación sistemática de los artículos 5o., fracción III, inciso c), 6o., 12, 24 y 26, fracción I, inciso b), y 27 de la Ley de Amparo, las notificaciones [...]

SU COMISIÓN PERMITE FORMULAR UNA EXHORTACIÓN A LAS AUTORIDADES ESTATALES PARA EMITIR MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y DE NO REPETICIÓN.   El feminicidio es un fenómeno de crisis social que exige de niveles relevantes de protección estatal, por lo que su realización permite formular una exhortación a las autoridades del Estado para que emitan medidas urgentes de no repetición y de satisfacción orientadas a visibilizar la gravedad del delito y su alarmante incremento, prevenir su realización, redignificar la memoria de las víctimas y transmitir un mensaje de reprobación oficial de los hechos. El delito de feminicidio es la expresión más indignante de [...]

OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES CUANDO DECRETEN SU DESPLAZAMIENTO FORZADO A UN LUGAR DISTINTO AL DE SU DOMICILIO.   Las autoridades estatales pueden decretar como medida de protección en un procedimiento penal el desplazamiento forzado de los familiares de la víctima de un delito, derivado de amenazas de muerte realizadas en contra de esa familia. Esta medida tiene como finalidad la protección y el bienestar de esas personas, por lo que dichas autoridades tienen la obligación de garantizar la subsistencia económica de la familia, brindando habitación digna, atención médica efectiva, acompañamiento psicológico y medidas de atención en general durante el tiempo que [...]