Recientemente el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México es un país bello y seguro, luego de la alerta emitida por el Gobierno de Reino Unido debido a la inseguridad que azota a 10 entidades, sin embargo, es innegable que en nuestro país continúa con una alza en materia de desaparición forzada y secuestros.
Según cifras de la Organización Alto al Secuestro, durante el mes de mayo 2023, se incrementó un 25% el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de secuestro, con un total de 296 víctimas, mientras que en abril hubo 257 afectados por este mismo delito.
¿Alerta Amber?
En el territorio nacional existe un mecanismo creado desde el año 1996 para ayudar a encontrar a niños desaparecidos: Alerta Amber (America’s Missing: Broadcasting Emergency Response), cuyo objetivo es realizar búsquedas inmediatas para localizar a los menores desaparecidos. Pero la aplicación de esta herramienta no cuenta con un protocolo unitario en todo el país, provocando que la efectividad de la misma, no sea como se esperaba. Aunado a esto, en algunos estados ni siquiera se aplican los protocolos o no son de dominio público, lo cual refleja la latente falta de armonización jurídica que impera en el país.
Frente a este panorama, especialistas cuestionan la efectividad de la Alerta Amber, pues consideran que el sistema contiene fallas, ya que se rige por criterios ambiguos y discrecionales, además de no contar con suficiente apoyo institucional. Y es que, cada día se tienen alrededor de 14 reportes de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, no localizados, además que desde 2018 existe una carpeta con 600 pequeños sin rastro, lo que debería encender las alarmas sobre su protección institucional.
Pese a estas cifras, lamentablemente no existe información sobre los resultados de la implementación a nivel nacional y estatal de la activación de las alertas, además sólo se informa de la localización de las niñas, niños y adolescentes, sin especificar la situación y estado en qué se les ubicó. Sin dejar a un lado, que parte de las deficiencias de la Alerta Amber también radican en el personal que tiene el primer contacto con las personas que buscan a los menores, ya que suelen dar orientación incorrecta y con prejuicios de toda índole.
Motivado por lo anterior, en 2019 el Congreso presentó un proyecto de ley que buscaba mejorar la eficiencia y cobertura nacional de las Alertas Amber al implementar un sistema coordinado entre todas las dependencias del gobierno involucradas en el rescate. Este proyecto pretendía evitar que las demoras en su activación terminarán en más tragedias; pero, hasta ahora poco o nada ha cambiado y miles de familias siguen sin recibir noticias sobre sus hijos desaparecidos. El mismo resultado tuvieron otros proyectos de ley en la materia, pues ninguno tuvo eco, y al día de hoy, forman parte de las tantas propuestas congeladas en la agenda de los diputados.
Es importante aclarar que la Alerta Amber no es el protocolo con el que las autoridades buscan a niñas, niños y adolescentes desaparecidos, sino que es parte de él. Se trata de una herramienta para publicitar la ausencia, y la verdadera problemática es que, al quedar su activación en manos de cada Fiscalía, éstas pueden actuar de manera poco efectiva, lo cual fue advertido desde 2015 por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.
Las persistentes fallas de la Alerta Amber junto con la creciente cantidad de personas desaparecidas, son temas alarmantes que preocupan profundamente a familias enteras y requieren urgentemente ser solucionados por parte del gobierno mexicano.
A juicio de Martha Argueta, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, “las autoridades deben ser receptivas en trabajar donde están las trabas para promover las denuncias” y, en ese sentido, detalló que debe reforzarse la capacitación de los servidores públicos que intervienen en el proceso. Lo anterior, también hace necesario que haya un cuerpo de investigación especializado en desaparición de menores.