La reciente aprobación del halconeo como un delito, afecta gravemente al periodismo, podría decirse que se trata de un atentado contra la libertad de expresión, advierte Claudia Espinosa Almaguer, catedrática y activista de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) pues en su análisis a partir de su aprobación no se podría hacer periodismo de investigación.
Sugiere que los partidos políticos interpongan un recurso de inconstitucionalidad; además, lamentó que los partidos de oposición no se hayan pronunciado en contra de este tema.
Lo primero que se observa desde una analítica de política criminal, es que le denominaron literalmente al tipo penal al halconeo, así va a salir publicado en el Código Penal, lo cual consideró un nombre inadecuado porque se usa en el argot criminal, y entonces se estaría usando este lenguaje común en la calle.
Una redacción “sumamente vaga y difusa”
Lo segundo que está mal, es que siempre se va a estar dependiendo de la comprobación de otro delito, es decir se tiene que acreditar que todos los actos se hicieron con la finalidad de facilitar la ejecución de otro delito un delito incierto, porque no especifican, cuál es.
“Lo que te dice es que se da el delito de halconeo por parte del particular, además, que usando cualquier medio o dispositivo con la finalidad de cometer o facilitar la ejecución de un delito previsto, es decir de un segundo delito con el cual, yo cometo este, para facilitar aquel, entonces, pues eso es sumamente vago y difuso porque puede ser cualquier tipo penal”.
Lo otro que está muy mal, es que hay 25 verbos rectores en esta iniciativa, pues abarca demasiadas acciones y puede intervenir con otros tipos penales vigentes de carácter federal o general.
Tampoco tiene una pena que no se puede revisar a través de la incidencia delictiva nacional, “si la finalidad es crear el delito para que podamos advertir quiénes se dedican a este tipo de cuestiones, no se puede, no se va a ver a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Lo más indignante de todo esto, desde el ámbito político criminal, es que es anticonstitucional porque viola la libertad de expresión de las de las y los potosinos. Eso es sumamente grave y sí amerita una acción de inconstitucionalidad”.
No se está avanzando en proteger a la ciudadanía, este acto de venderle a la ciudadanía que se va a perseguir a criminales a cambio de una supuesta seguridad pública es un engaño porque no tuvieron ningún voto en contra.
En Sinaloa tienen esta ley contra particulares, antes era exclusivamente para el personal policíaco y servidores públicos, pero aquí se aprobó contra las personas “y es muy grave, pero es doblemente gravoso que lo hayan aprobado y que no haya tenido un solo voto en contra.
Entiendo que no hubo votos que se opusieran. Entonces eso limita la capacidad de investigación a quienes nos dedicamos al activismo de la defensa de derechos humanos, criminaliza la actividad periodística, es una cosa muy grave y peligrosa para la gente, se están yendo contra el ciudadano y no tanto contra el delincuente.