Fuente: EL UNIVERSAL
La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició este martes el análisis de la constitucionalidad del Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México, como respuesta a las impugnaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), a las leyes de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal de la capital del país, que dan origen al padrón para sentenciados por delitos de feminicidio, violación, abuso y acoso sexual contra menores de 12 años, turismo sexual y trata de personas.
En la sesión llevada a cabo en el Alto tribunal, cuatro ministros se pronunciaron para invalidar el registro aprobado en 2020 por el Congreso local, ya que a su juicio este volaría los principios de presunción de inocencia, reinserción social, de protección de datos personales y no coloca en el centro a las víctimas de violencia sexual.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó al pleno un proyecto que declara la validez del Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México, asegurando que este es idóneo y necesario para alcanzar los mayores niveles de protección de los derechos humanos de las mujeres y tiene efecto disuasivo de los actores de los delitos sexuales.
Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjat afirmó que esta herramienta busca que se conozca a las personas agresoras y que la información empodere a las víctimas para denunciar, lo que rompería con el temor o la “miseria con la que muchas de las víctimas de este tipo de delitos cargan durante toda la vida”.
Empero, la ministra Loretta Ortiz Ahlf anticipó que su voto será por la invalidez del sistema normativo que regula el Registro Público de Agresores Sexuales, pues refirió que no hay evidencia contundente que permita concluir que la creación de este tipo de registros públicos tenga efectos disuasorios en la comisión de los delitos sexuales.
Asimismo, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que los legisladores de la Ciudad de México, al crear el Registro de Agresores Sexuales e imponer su inscripción, desnaturalizaron la figura de las medidas de seguridad y con ello alteraron los elementos esenciales del proceso penal.
Aunado a esto, el ministro Luis María Aguilar Morales afirmó que la creación de un Registro de Agresores Sexuales, que tiene como finalidad ser aplicado a los sentenciados, genera una inconstitucionalidad.
Es importante destacar que el análisis del tema continuará en la sesión del mañana jueves, en la que se definirá el futuro del Registro Público de Agresores Sexuales.
Por último, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se expresó en contra de la constitucionalidad del mencionado registro, “por violar los principios de reinserción social, derecho penal del acto y la presunción de inocencia”.