En México, existen preocupaciones y críticas recurrentes sobre la falta de autonomía en las fiscalías y su influencia política. Estos problemas a menudo se reflejan en diferentes aspectos, como la investigación y persecución de delitos, la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Aquí hay algunas estadísticas y puntos relevantes que ilustran la falta de autonomía en las fiscalías mexicanas:

 

Impunidad y bajos índices de resolución de casos:

México ha enfrentado históricamente altos niveles de impunidad. Según el Índice Global de Impunidad (IGI) 2022, México ocupó el primer lugar entre los países con altos índices de impunidad, con un puntaje de 75.67 en una escala del 0 al 100. Esto puede deberse en parte a la falta de autonomía en las fiscalías, lo que dificulta la investigación y persecución efectiva de delitos.

 

Injerencia política:

Ha habido preocupaciones sobre la influencia política en la toma de decisiones dentro de las fiscalías. Esto puede llevar a la priorización de ciertos casos o a la falta de persecución en otros por motivos políticos.

 

Falta de recursos y capacitación:

Las fiscalías en México a menudo enfrentan desafíos en términos de falta de recursos adecuados, lo que puede afectar su capacidad para llevar a cabo investigaciones y procesar casos de manera efectiva. Además, la capacitación inadecuada del personal puede afectar la calidad de las investigaciones y la impartición de justicia.

 

Elevada tasa de casos no resueltos:

La falta de autonomía y recursos puede contribuir a una alta tasa de casos no resueltos. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de México, en 2022, la tasa de impunidad en casos de homicidio doloso fue del 94.67%, lo que significa que sólo alrededor del 5.33% de los casos resultaron en una sentencia condenatoria.

 

Violaciones a los derechos humanos:

La falta de autonomía en las fiscalías también puede tener implicaciones en la protección de los derechos humanos. Ha habido informes de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia en México.