Fuente: Milenio
El Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJCdMx) argumenta que debido a la pandemia de covid-19, no permiten el acceso de reporteros a las salas de oralidad. Ante esta situación, especialistas del Derecho penal afirman que la medida afecta el principio de máxima publicidad, y viola el derecho a la información de los ciudadanos, respecto al desarrollo de las audiencias públicas.
Y es que, la Ciudad de México es de una de las pocas entidades del país en la que los medios de información no tienen acceso a las audiencias penales del fuero común desde junio de 2019 a causa de la pandemia, a pesar de que las actividades normales en el Poder Judicial capitalino y en el gobierno de la Ciudad de México se reanudaron desde hace unos meses.
La postura de la Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es que las audiencias penales del fuero común en la capital se mantienen cerradas a medios por un acuerdo del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, con fecha del 14 de marzo de 2022, por la contingencia de covid-19.
En respuesta a esto, diversos penalistas aseveran que dicha acción contrapone la transparencia que pretende alcanzar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio – implementado en la capital del país desde el 2016– en los procesos penales, y también beneficia a las instancias gubernamentales que no quieren que se haga pública cierta información de procesos judiciales.
Héctor Pérez Rivera, especialista en derechos fundamentales en el proceso penal, expresó que es indispensable que se permita de nueva cuenta el acceso a los medios en las audiencias.
“Me parece que es un tema de desconfianza del poder judicial, un tema de opacidad y un tema de que no se quieren someter al escrutinio de la opinión pública. Me parecería indispensable que se abriera, que se reconociera o se respetara por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el derecho a la publicidad reconocido en el artículo 20 de la constitución.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado pues que existe un derecho de la sociedad a estar informada respecto de su propio sistema de justicia, y que los tribunales deben estar sometidos a ese escrutinio público, y nos parece que la única forma que tienen de hacerlo es a través del acceso a los medios de comunicación”, destacó.
Aunado a esto, Alberto Woolrich, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A.C., señaló que esta medida es perjudicial para los capitalinos.
“Esto verdaderamente perjudica mucho el derecho a la información al cual debemos tener acceso todos los mexicanos, sobre todo los habitantes de la Ciudad de México. El Tribunal Superior de Justicia tiene que emitir desde luego los acuerdos correspondientes a fin de permitir que esos medios de información cumplan con su deber e informen de manera detallada a todos los ciudadanos de la Ciudad de México.
“En este nuevo sistema de justicia penal, no obstante, se tiene derecho a esa transparencia, y se tiene derecho a la información. Los tribunales no están acatando por desgracia este tipo de disposiciones”, expuso.